Cada año se notifican en España una media de 429 ahogamientos. Las piscinas están identificadas en la literatura científica como uno de los lugares donde más frecuentemente se producen estos sucesos, pese a considerarse instalaciones seguras. Un estudio publicado en la Revista de Investigación en Actividades Acuáticas ha analizado los 17 reglamentos sanitarios autonómicos y sus conclusiones deberían preocupar a cualquier profesional del sector.

La dimensión del problema

Los ahogamientos se encuentran entre las principales causas de mortalidad infantil en Europa, donde más de 5.000 niños mueren ahogados cada año, constituyendo la segunda causa externa de mortalidad infantil. En España, la tasa de mortalidad por ahogamiento y sumersión se sitúa en 0,8 por cada 100.000 habitantes según la OMS.

La magnitud real del problema es aún mayor si consideramos que la mayoría de las víctimas que sobreviven requieren hospitalización y sufren secuelas a largo plazo. Paradójicamente, es un tema poco estudiado en España y, como demuestra este estudio, las normas de seguridad presentan lagunas significativas.

¿Qué analizó el estudio?

Los investigadores — Gámez de la Hoz, Padilla Fortes y Padilla-Ruiz (2021) — examinaron los preceptos normativos de los 17 reglamentos sanitarios de piscinas de las Comunidades Autónomas, categorizándolos en cuatro sectores estratégicos reconocidos internacionalmente para la prevención de ahogamientos:

Las medidas se clasificaron en pasivas (elementos constructivos y de diseño que reducen el riesgo sin intervención humana) y activas (las que posibilitan la intervención directa en una situación de peligro). El hallazgo principal fue una gran variabilidad de requerimientos normativos entre comunidades autónomas, sin que ninguna jurisdicción coincida plenamente con otra en todos los criterios.

Hallazgo 1: Barreras y separación de vasos

Las barreras estandarizadas de protección que rodean los vasos son una medida pasiva cuya eficacia para reducir ahogamientos infantiles está ampliamente demostrada en la literatura científica. El Código Técnico de la Edificación (CTE) adoptó esta medida, pero con una limitación significativa: condiciona su instalación únicamente cuando el acceso de los niños a la zona de baño no esté controlado.

Una decisión crítica fue que las barreras perimetrales quedaron fuera de la obligación para las piscinas existentes anteriores a la entrada en vigor del CTE, abriendo un flanco de desprotección considerable en las instalaciones más antiguas.

Hallazgo 2: El problema del atrapamiento

Los ahogamientos por atrapamiento del bañista bajo el agua están extensamente documentados. La víctima queda adherida a un sumidero o toma de aspiración que carece de cubierta protectora adecuada, o cuya tapadera está obstruida, suelta, rota o incumple los estándares (UNE-EN 13451-1). La fuerza de succión puede retener al bañista por el pecho, abdomen, glúteos o extremidades.

Condicionar la idoneidad de una medida técnicamente compleja a la interpretación que haga el destinatario de la norma puede conducir a la desprotección de los usuarios. Las Comunidades Valenciana y Galicia directamente omitieron incorporar normas de seguridad sobre el sistema de desagüe y recirculación.

Hallazgo 3: Servicio de socorrismo — grandes diferencias

La legislación sanitaria estatal (RD 742/2013) excluyó completamente los aspectos relacionados con el socorrismo acuático, dejando toda la regulación en manos de las comunidades autónomas. Esto ha generado un mosaico normativo con diferencias muy significativas.

Dotación de socorristas: sin criterio uniforme

Aproximadamente la mitad de las comunidades (9 de 17) adoptaron como criterio de cálculo el número de socorristas en función de la superficie de lámina de agua, pero con umbrales radicalmente distintos:

Esto significa que una misma piscina de 400 m² requiere socorrista obligatorio en Andalucía pero está exenta en Madrid, Baleares o Cantabria. La disparidad es notable y tiene consecuencias directas sobre la seguridad de los bañistas.

Formación: del título oficial a la «experiencia»

Solo 7 comunidades exigen un nivel formativo con regulación nacional (título de formación profesional o certificado del Catálogo Nacional de Cualificaciones). Las demás asimilan la formación de organizaciones no gubernamentales o asociaciones sectoriales con títulos oficiales, lo que puede marcar diferencias sustanciales en la cualificación profesional. Murcia es la única comunidad donde se exige experiencia profesional, y Castilla y León requiere específicamente competencias en RCP.

Medios de vigilancia y rescate: lo mínimo

Existe plena coincidencia en dotar flotadores salvavidas, pero más allá de eso, la provisión de medios es muy escasa. Solo 2 comunidades prevén videovigilancia, 1 contempla comunicación audiovisual, 1 incluye dispositivos tecnológicos y 1 exige silla telescópica. Ningún reglamento contempla botones antipánico para emergencias ni interruptores de bombeo para rescatar a una víctima atrapada en un sumidero.

Hallazgo 4: Supervisión de menores — la gran asignatura pendiente

El descuido de los adultos responsables (uso de smartphones, socialización, tareas domésticas) es uno de los factores que más contribuyen al ahogamiento infantil. Sin embargo, la legislación es llamativamente laxa en este punto.

10 de las 17 comunidades no documentan restricciones de edad para acceder al vaso de adultos. Y en los 7 casos donde sí existen restricciones, el rango varía enormemente: desde los 6 años (Baleares, Canarias) hasta los 14 años (Cataluña). Todos los reglamentos son extremadamente laxos con la responsabilidad del adulto durante la supervisión del menor.

Las conclusiones del estudio: un enfoque multidimensional

Los investigadores concluyen que la prevención del ahogamiento demanda un enfoque que introduzca cambios en las disposiciones normativas, adecuándolas a los conocimientos más actuales. Las principales áreas de mejora identificadas son:

«Las prescripciones normativas pierden efectividad en la medida que no se correspondan con los conocimientos más actuales y los niveles de seguridad más exigentes. La existencia de vacíos en la legislación puede derivar en riesgos inadmisibles para la salud de los usuarios.»

Implicaciones para AQUÁTICAS XXI y el sector en Fuerteventura

Este estudio tiene consecuencias directas para la gestión profesional de instalaciones acuáticas en Canarias y, en particular, en Fuerteventura, donde la alta concentración de establecimientos hoteleros y complejos turísticos convierte la seguridad en piscinas en una cuestión de primer orden.